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Berlusconi aprueba su ley de inmigración xenófoba

El recién estrenado gobierno de Silvio Berlusconi ha puesto en marcha su maquinaria y se ha apresurado a solucionar el problema de la seguridad en Italia, que ha centrado la campaña electoral de Berlusconi y que tanto éste como sus aliados de la Liga Norte achacan a la inmigración ilegal.

Toneladas de basura han sido retiradas en la víspera de la visita de Berlusconi al centro de Nápoles, ciudad elegida por el nuevo presidente celebrar el consejo de ministros del que saldrá aprobada la nueva ley de inmigración italiana, que convertirá la inmigración clandestina en un delito castigado con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel.

Esta nueva ley, que fue rechazada en el anterior mandato de Berlusconi por inconstitucional, incluye medidas tan polémicas como xenófobas, ya que no sólo considera un delito la inmigración clandestina (independientemente de que el inmigrante haya cometido algún delito o no) sino que también castigará con multas e incluso la cárcel a los propietarios que alquilen sus casas a inmigrantes ilegales.

Además, este proyecto de ley considera la situación de inmigración ilegal como un agravante que podría aumentar hasta un tercio las penas por posibles delitos, y regula la expulsión del país para los inmigrantes condenados a penas superiores a dos años (frente a los 10 de antes).

Pero esta ley de inmigración no sólo endurece los castigos y penaliza a los inmigrantes irregulares, sino que también aumentará hasta 10 años de cárcel las penas para conductores borrachos o drogrados, mientras que obtener la ciudadanía italiana será aún más difícil para los cónyuges extranjeros, que deberán acreditar al menos dos años de residencia legal en Italia, frente a los seis meses requeridos hasta ahora.

La oposición a este proyecto de ley de inmigración ha llegado desde puntos muy diferentes. Mientras que la Iglesia Católica considera un error culpar a los inmigrantes de los males de Italia, la oposición política y los empresarios ven en este proyecto una ley xenófoba que podría hacer escapar del país a millones de inmigrantes, una mano de obra que costará al Gobierno casi 50.000 millones de euros. Incluso los miembros de Alianza Nacional, en coalición con el Berlusconi, han mostrado su rechazo a esta ley xenófoba, y prefieren que sólo sean expulsados los inmigrantes que hayan cometido algún delito.

Unos 300.000 inmigrantes que actualmente se encuentran en Italia sin papeles podrían convertirse automáticamente en delincuentes tras la aprobación de la nueva ley de inmigración de Berlusconi. Algunos colectivos, como la Iglesia Luterana, temen que esta ley pueda desencadenar el odio hacia los inmigrantes.

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