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Ciudadanos propone suprimir el Constitucional por su "politización"

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La Justicia en España está desequilibrada debido a su relación con la política, esto es lo que defiende Ciudadanos y por eso propone suprimir el Tribunal Constitucional, con el objetivo clave de quitar a la Justicia “las contaminación política”. El secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido que una de las prioridades del partido que lidera es lograr la despolitización del Poder Judicial, para cumplir, así, con la separación de poderes en España que ahora está contaminada.

Son 12 los miembros que componen el Tribunal Constitucional, bajo el título de magistrados y nombrados por el Rey. Cuatro se escogen directamente en el Congreso de los Diputados; otros cuatro de ellos son los que ha propuesto el Senado; dos los propone el Gobierno y los dos últimos es escogen dentro del Consejo General del Poder Judicial.

Como ha explicado el eurodiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, hay que replantearse el funcionamiento y existencia del TC, ya que aunque se concibió como una institución separada o fuera del Poder Judicial y legislativo, el órgano ha sido completamente politizado y como son partidos políticos quienes escogen parte de los miembros de este tribunal, la Justicia no actúa como debe.

Famosos que apoyan a Ciudadanos de cara a las Elecciones de 2015

Rivera y el equipo que encabeza ha considerado conveniente recordar también que, en julio de 2015, en el Congreso de los Diputados se votó en contra de que los magistrados miembros del Tribunal Constitucional pudiesen militar en un partido político. La propuesta de Esquerra Republicana fue rechazada por el Partido Popular, y también por todos los diputados del PSOE, dos partidos que tienen muchas relaciones dentro del Tribunal a lo largo de su historia.

La separación de poderes en España no es real según Ciudadanos, pero además la independencia judicial es la asignatura en la que suspende nuestro país incluso, a ojos de la Comisión Europea que en mao de 2015 situaba a España en el tercer puesto de la Unión Europea en el que los ciudadanos no “percibían la justicia”.

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