El Tribunal Constitucional permite a Bildu participar en las elecciones

Al final, la decisión última sobre la participación de Bildu en las próximas elecciones la ha tenido que tomar el Tribunal Constitucional, quien por la mínima ha decidido desacreditar la decisión tomada en el Tribunal Supremo y ha permitido que el supuesto brazo político de ETA pueda participar en los comicios.

La decisión se tomó la pasada noche al filo de la medianoche, pocos minutos antes del inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo. Aunque aún se tardarán unos días en conocer la sentencia, ya se comunicó a las partes el fallo favorable, por seis votos contra cinco, de aprobar las 254 listas electorales de Bildu, coalición con participación de Eusko Alkartasuna, Alternatiba y diferentes miembros independientes de la izquierda abertzale.

La decisión del Tribunal Constitucional ha generado bastantes críticas y levantado un ambiente de crispación en el sector político de España. El PSOE, tanto en su vertiente de partido como de Gobierno de España, ya ha declarado que acatará la decisión sin comentarla, a diferencia de otros partidos como el PNV que se alegra de la decisión de los magistrados, partido que había amenazado con no apoyar al Gobierno de Zapatero si Bildu quedaba fuera de las elecciones. Por su parte, el PP ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Constitucional y planea recurrirla para sacar a Bildu y ETA de las elecciones.

Aunque sin duda el debate de fondo se encuentra en la propia justicia española y el poder de coacción que las fuerzas políticas aplican sobre ella. Es difícil concebir que dos órganos judiciales tan importantes como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional puedan discrepar tanto en un tema de tan suma importancia como es la concurrencia de un grupo pro-terrorista a unas elecciones democráticas. El Tribunal Supremo vio claras conexiones entre Bildu y ETA, para lo que se contó con pruebas policiales, algo que parece que no ha sido suficiente para el Tribunal Constitucional, levantándose la duda de si la sentencia actual responde a la aplicación de una jurisprudencia o a unos intereses políticos.

Imagen: swissinfo.ch

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