Excite

Se obligará a las universidades a enseñar a practicar abortos

La polémica, que parece no abandonar al Gobierno de España, resurge ahora con el anuncio por parte de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Izquierda Unida del acuerdo al que se ha llegado con el PSOE para dar su apoyo a la nueva ley del aborto a cambio de que se realicen ciertos matices que la radicalizan aún más.

Para obtener los cinco votos que los socialistas necesitaban para seguir adelante con la ley de Aído, el PSOE ha aceptado finalmente incluir una especie de lista negra de objetores de conciencia para los profesionales que no acepten participar en los abortos, que, según se ha denunciado ya desde diferentes foros de personal sanitario, supondrá un modo de depuración política y situará en desventaja a los objetores frente a otros colegas abortistas para conseguir un ascenso o incluso una plaza.

Por otro lado, se impondrá el adoctrinamiento sexual en los colegios a partir de los 11 años, lo que en opinión de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, trata de conseguir que se considere el aborto como un derecho, y hacer una verdadera pedagogía proabortista con el objetivo de adoctrinar a la infancia para imponer una forma de pensamiento en contra de la creencia y moral de las familias.

Del mismo modo, será obligatoria la formación de abortistas en las universidades relacionadas con la ciencias de la salud, donde médicos y enfermeros deberán estudiar una asignatura que los posibilite a tal efecto, medida ante la cual los Ginecólogos por el Derecho a Vivir se han rebelado automáticamente ya que, según señalaron, toda persona que estudie la rama de la salud debe conocer que desde la concepción existe una vida humana, y que la Medicina es la ciencia de curar enfermedades y prevenirlas, por lo que destruir un ser vivo va contra dicha definición.

Además de todo esto, la nueva ley indica que sólo podrán ser objetores los profesionales directamente implicados en el aborto, que será libre hasta las 22 semanas, como son el cirujano o el enfermero del quirófano, aunque nunca el anestesista u otros profesionales relacionados, y del mismo modo, los anticonceptivos serán financiados por el Estado, lo que supondrá un gasto público de 100 millones de euros anuales.

El problema fundamental para el PSOE vendrá ahora, no sólo de la mayoría de círculos sociales, sino de su pacto anterior con el PNV, que apoyó el plan del Gobierno con un retoque que obligaba a las menores a informar a sus padres en caso de aborto, acuerdo que en opinión de Gádor Joya, presidenta de Derecho A Vivir, es una tomadura de pelo por parte del Gobierno, no sólo para los ciudadanos, sino también para los grupos con los que negocia, ya que la oferta de moderación del PNV se ha aceptado mientras a sus espaldas el PSOE radicalizaba su proyecto, algo que, en su opinión, el electorado del PNV no comprenderá.

Imagen: Elmundo.es

España - Excite Network Copyright ©1995 - 2016