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Una Colombia indignada arremete contra Ingrid Betancourt

La franco-colombiana y ex rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ingrid Betancourt, ha sorprendido e indignado al pueblo colombiano con la petición de más de 6 millones de euros al Gobierno de Colombia como pago por los daños psicológicos sufridos por ella y su familia de 2002 a 2008, los seis largos años en los que permaneció secuestrada.

La ex candidata presidencial, que ha tenido ya que pedir perdón públicamente por la polémica suscitada por su exigencia al Estado de la alta indemnización, no ha tardado en recibir feroces críticas desde todos los partidos políticos y sectores del país, ya que Betancourt, que actualmente reside en París junto a su familia en medio de fuertes medidas de seguridad, parece haber olvidado que fue el Gobierno Colombiano el que consiguió liberarla en la llamada `Operación Jaque´.

Betancourt, que ha tenido además que rectificar parcialmente su postura en una entrevista concedida este domingo en Nueva York, intentó explicar que el inicio del proceso se debe a su propósito de narrar los hechos para que lo sucedido no se repita, así como, para que su iniciativa ayude a abrir un camino para que otros rehenes liberados puedan recibir una indemnización.

Unas explicaciones que no convencen a nadie en Colombia, ya que tal y como expresaba el vicepresidente Francisco Santos, su acción `es un acto de codicia, ingratitud y oportunismo que merece el rechazo de los colombianos y de la opinión mundial´, una opinión compartida por el líder de la oposición Gustavo Petro, que le recordó a Betancourt que fue la FARC y no el Estado colombiano quienes la secuestraron.

Por su parte, la ex rehén, que basa su demanda en una supuesta desprotección de su persona el 23 de febrero de 2002, fecha en la que fue secuestrada mientras viajaba por carretera en un auto oficial hacia una zona que no había sido despejada de insurgentes izquierdistas, ya ha sido avisada por el Estado colombiano de las pruebas que desmontan su teoría, ya que según parece, ella misma firmó unos documentos en los que asumió los riesgos de viajar por carretera desde Florencia a San Vicente del Caguán, donde se produjo el ataque.

Imagen: elcomercio.pe

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